Declaración de Montevideo de los Copresidentes de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat) de 22 de septiembre de 2016

Entre os dias 19 e 22 desse mês, Montevidéu recebeu o encontro do EuroLat – Assembleia Parlamentar Euro-Latino-Americana – composto por parlamentares dos Parlamentos Europeu, do Mercosul, Latino, Centro Americano e Andino. O EuroLat é copresidido por ambas as partes, europeia e americana. A presidência europeia é desempenhada pelo deputado Romón Jáuregui Atondo, enquanto a presidencia latino-americana  cabe ao senador Roberto Requião.

Confira a declaração dos copresidentes em razão da 90ª. Sessão Plenária do EuroLat:

Los Copresidentes de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat), el senador Roberto Requião y el diputado al Parlamento Europeo Ramón Jáuregui Atondo, de conformidad con el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, con motivo de la Novena Sesión Plenaria y las reuniones de las Comisiones Permanentes y otros órganos de la Asamblea Parlamentaria EuroLat los días 19 a 22 de septiembre de 2016 en la sede del Palacio Legislativo (Montevideo, Uruguay), manifiestan:

Sobre el Proceso de Paz en Colombia

1. Apoyan plenamente el histórico Acuerdo Final alcanzado por el Gobierno de la República de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarios de Colombia el día 24 de agosto de 2016, y recomiendan su aprobación en el Plebiscito convocado para el próximo 2 de octubre. Se comprometen a apoyar al Gobierno y la sociedad colombianos en la implementación del Acuerdo, asegurando la transversalidad de la perspectiva de género en todas las etapas del proceso.

2. Reiteran en este sentido su valoración positiva de la creación de un Fondo Fiduciario por parte de la Comisión Europea dotado con 70 millones de euros del presupuesto comunitario para financiar proyectos socioeconómicos en las áreas más afectadas por el conflicto armado interno, así como las contribuciones y convenios multilaterales y de otros países ALC asignados a los mismos fines.

3. Consideran que, una vez se produzca la aprobación del Acuerdo y se consolide su implementación, debería excluirse a las FARC-EP de la lista de organizaciones terroristas de la UE. Animan al Gobierno y al Ejército de Liberación Nacional-ELN a avanzar en las negociaciones para sellar un acuerdo que permita lograr una paz completa y definitiva en Colombia que solo se construirá sobre el respeto a las victimas, la verdad, y la justicia.

4. Deciden que sendas representaciones de diputados europeos y latinoamericanos miembros de EuroLat presentes en Colombia con ocasión del Plebiscito expresen en nombre de EuroLat la posición favorable de la Asamblea a la aprobación de aquel y al triunfo de la posición favorable al Acuerdo de Paz.

Sobre las negociaciones entre la Unión Europea y los países de América Latina y el Caribe

5. Consideran que las cada vez más estrechas relaciones económicas y comerciales entre la UE y ALC, los flujos de inversiones, la concertación a nivel multilateral, la diplomacia económica y el desarrollo de proyectos de interés conjunto contribuyen a actualizar y reforzar los vínculos ya existentes, y a preparar a ambas regiones para afrontar retos como la globalización, la inestabilidad geopolítica, el cambio climático o las crisis económicas y financieras.

6. Reiteran la importancia de proseguir el trabajo conjunto en pro de las pymes, la I+D+i, la capacitación de las mujeres, los jóvenes y los grupos vulnerables, las colaboraciones público-privadas que fomentan la productividad, y de favorecer el emprendimiento, especialmente en ámbitos de tecnologías avanzadas.

7. Apoyan las negociaciones en curso entre la UE y el Mercosur, que han alcanzado una nueva fase en 2016, la adhesión de Ecuador al Acuerdo comercial vigente UE-Colombia y Perú, el proceso de modernización de los Acuerdos existentes UE-México y UE-Chile, así como el incipiente proceso de intensificación de relaciones con Cuba, temas todos ellos que tratan de englobar avances en el ámbito económico y comercial, pero también en ámbitos políticos y sociales como el respeto de los derechos humanos, las libertades fundamentales, los postulados de la democracia y el Estado de Derecho. Instan a tener en cuenta la perspectiva de género en todos los Acuerdos arriba mencionados.

8. Consideran imprescindible que dichas negociaciones se lleven a cabo de manera que permitan lograr acuerdos simétricos, que beneficien por igual a todos sus signatarios y que tomen en consideración la necesidad de los países en desarrollo de implantar políticas de industrialización y de ciencia, tecnología e innovación.

9. Enfatizan la necesidad de que los acuerdos resultantes de esas negociaciones contribuyan efectivamente a la reducción de la pobreza y de la desigualdad en todos los países y sean compatibles con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, respetando en todo caso las libertades públicas y los derechos humanos.

Repercusiones de las negociaciones sobre la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversiones (ATCI) y del Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica (ATP) sobre las políticas comerciales UE-ALC

10. Reiteran que el compromiso con la Organización Mundial de Comercio (OMC) y los objetivos multilaterales es pleno, y estiman que tanto la Unión Europea como los países de América Latina y el Caribe deberían favorecer cualesquiera proyectos que busquen potenciar la competitividad, estimular el crecimiento sostenible, promover el bienestar social, crear puestos de trabajo cualificados y estrechar aún más la relación entre socios tradicionales a ambos lados del Atlántico, que comparten tantos vínculos de todo tipo.

11. Consideran imprescindible que los futuros Acuerdos incluyan no solo la promoción y mejor regulación de los intercambios de bienes y servicios y los flujos de inversión, sino que incorporen también disposiciones sobre derechos humanos, desarrollo sostenible, gobernanza, transparencia, lucha contra la corrupción y la evasión fiscal, protección de los trabajadores, consumidores y del medioambiente, facilitación del comercio y promoción de las pymes.

12. Estiman que tanto la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversiones (ATCI) como el Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica (ATP) podrían brindar una buena oportunidad para las relaciones entre la UE y los países ALC y producir resultados positivos y duraderos, pero que para ello se requiere un compromiso sólido, que se respeten los valores, principios y objetivos reconocidos por las normas fundamentales existentes, que se tomen en consideración los intereses y las necesidades de los países en desarrollo, y que se responda cumplidamente a las demandas de la ciudadanía y de las instituciones, en particular en materia de transparencia, estándares y resolución de controversias.

13. Reclaman que dichos acuerdos al igual que los anteriores incluyan mecanismos que impidan limitar o impedir políticas de desarrollo, de industrialización y de innovación en países de menor nivel de desarrollo.

Sobre las relaciones con China

14. Consideran que, desde la adhesión de China a la OMC en 2001, su relevancia financiera, económica y comercial la ha transformado en un gran actor mundial, y consecuentemente acogen con satisfacción la participación de China en foros bilaterales, regionales y multilaterales; toman nota del nuevo dinamismo del intercambio comercial de mercancías y los flujos de inversión entre China y la UE y ALC y subrayan la importancia de atraer y distribuir regional y equilibradamente inversión en el desarrollo de infraestructuras y transportes de ALC, determinantes para la innovación y la competitividad.

15. Consideran que China debe avanzar en ámbitos tales como el respeto de los compromisos asumidos ante la OMC, los derechos fundamentales, la mejora de las condiciones sociales, laborales y medioambientales, la transparencia, los derechos de propiedad intelectual, el comercio electrónico, las normas de adjudicación de los contratos públicos, las aduanas, la seguridad alimentaria y de los productos, la lucha contra la comercialización de productos ilegales o las líneas directrices de la OCDE sobre responsabilidad social de las empresas.

16. Toman nota de la actual oposición de la Unión Europea al reconocimiento del estatuto de economía de mercado a China hasta tanto dicho país no cumpla con todos los requisitos exigidos y constatan las diferentes posiciones sobre este importante tema en América Latina.

Espacio Común de Investigación UE-CELAC

17. Acogen con satisfacción la creación del Espacio Común de Investigación en cuanto inicio de una nueva fase de la cooperación en materia de investigación entre la UE y los países de la CELAC que se centre en tres pilares: la movilidad de los investigadores, el alcance internacional de las infraestructuras de investigación y el aumento de la cooperación temática para hacer frente a los retos mundiales.

18. Se muestran convencidos de que el Espacio Común de Investigación debe traducirse en una mejora significativa de los resultados de la investigación europea y de los países de la CELAC que tenga como objetivo final el fomento del crecimiento y de la creación de empleo. A fin de alcanzar este objetivo, la cooperación en el ámbito de la investigación debería centrarse principalmente en el fomento de la innovación.

19. Reconocen que la Iniciativa Conjunta de Investigación e Innovación (JIRI, por sus siglas en inglés) ha sido un motor eficaz para una mayor cooperación entre la UE y la CELAC. Apoyan la iniciativa para revisar la gobernanza de JIRI con el fin de crear estructuras y mecanismos eficaces que permitan la aplicación del espacio común de investigación. Subrayan que la próxima reunión de altos funcionarios sobre investigación e innovación prevista para octubre en la República Dominicana será un hito importante en este sentido.

Agenda digital

20. Piden a los gobiernos de la UE y América Latina que adopten, en cuanto política pública prioritaria, medidas para el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación como factor clave para el progreso de sus ciudadanos, empresas y el propio Estado, sobre la base de los siguientes ejes: las infraestructuras, la administración electrónica, la producción, la educación y formación, la tecnología y el marco jurídico.

21. Recomiendan que se haga pleno uso del potencial de la agenda digital para crear crecimiento y empleo, aumentar la productividad, el crecimiento y la innovación en los sectores productivos a través del uso de las TIC e impulsar la transformación digital de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas (pymes), estimular la inclusión social y generacional y hacer frente a la brecha digital mediante la introducción de nuevos modelos de interacción con el fin de incluir a todos los ciudadanos y de otorgarles el derecho a la información, independientemente de sus ingresos, situación social, sexo, discapacidad o ubicación geográfica.

22. Se congratulan de la construcción de un nuevo cable submarino de fibra óptica entre Europa y América Latina, que conectará Lisboa (Portugal) con Fortaleza (Brasil), lo que acercará nuestros continentes y fomentará la educación, la investigación y la innovación, así como los intercambios comerciales, en ambos continentes.

Lucha contra la evasión, la elusión y los paraísos fiscales

23. Reiteran que la lucha decidida contra toda clase de delitos fiscales y contra la elusión fiscal en general, constituye una labor y una preocupación fundamental de la Asamblea Parlamentaria EuroLat puesto que, como consecuencia de todas esas prácticas, enormes sumas de dinero son sustraídas a los erarios públicos y por tanto a los ciudadanos, con los consiguientes perjuicios para las políticas fiscales y sociales.

24. Reclaman a los Estados miembros de la Unión y a los Gobiernos de América Latina la puesta en marcha de medidas para combatir estas prácticas inaceptables como las que han tomado el Parlamento Europeo y el Pacto Ético del Gobierno de Ecuador, porque la transparencia tributaria y la desaparición de los paraísos fiscales, son entre otras medidas, especialmente necesarias para conseguir una fiscalidad justa y eficiente en el mundo.

Lucha contra la desigualdad mediante las políticas de cohesión social

25. Hacen hincapié en el papel determinante que puede desempeñar la cohesión social para disminuir las desigualdades e inequidades a través del apoyo a la creación del empleo, del aumento de las oportunidades educacionales, de los programas de transferencia de ingresos, de la competitividad, el crecimiento económico y el desarrollo sostenible. Las políticas de cohesión sirven también como catalizadores para la captación de fondos privados, al incrementar la confianza de los inversores. Los programas de cooperación internacional han demostrado ser una herramienta eficaz para crear buenas condiciones y fortalecer la capacidad de los gobiernos para implementar políticas destinadas a mejorar la cohesión social.

26. Reconocen que el programa de cooperación EUROsociAL ha contribuido a este objetivo a través del intercambio de experiencias, conocimiento y buenas prácticas entre las dos regiones. En este sentido, dan una calurosa bienvenida a la nueva fase del programa, el EUROsociAL+, dotado con 32 millones de euros para el período 2016-2020 y focalizado en tres áreas prioritarias: políticas sociales, gobernanza democrática e igualdad de género, incluyendo temas de justicia, desarrollo regional, las redes de financiación pública, lucha contra la corrupción y la promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

En relación con la violencia de género

27. Recuerdan los compromisos en los Planes de Acción EU-CELAC en 2013 y 2015 sobre la erradicación de la violencia contra las mujeres como un aspecto fundamental de la igualdad de género, y manifiestan su preocupación por la falta de implementación del capítulo 7 de ambos Planes de Acción. Exhortan a los Estados Miembros de EU-CELAC así como al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) colaborar y asignar recursos institucionales y económicos para asegurar el cumplimiento de las recomendaciones sobre la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres tanto en el ámbito público como el privado, de acuerdo a los estándares y normativas de la Convención de Belem de Pará y del Convenio de Estambul, así como de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW).

Sobre la responsabilidad social empresarial (RSE)

28. Consideran que, en el mundo globalizado de hoy, la adhesión de las empresas a los principios de la RSE constituye una herramienta clave para conseguir un desarrollo sostenible basado en la sostenibilidad ambiental, la dignidad laboral y la equidad social. La RSE constituye además una oportunidad para las propias empresas de mejorar su imagen ante los inversionistas y consumidores y valorar su propia marca. En este contexto, subrayan el papel de los Estados para estimular el desarrollo de esta cultura y la economía formal de las empresas. Consideran no obstante que las regulaciones vinculantes en materia de reporte y seguimiento de la RSE son imprescindibles para garantizar un progreso adecuado en la materia.

29. Teniendo en cuenta que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas está estudiando la elaboración de un instrumento jurídicamente vinculante según la Resolución 26/9 de julio de 2014 en relación con la aplicación de los derechos humanos por las empresas transnacionales, consideran del todo oportuno y del máximo interés que las Naciones Unidas aprueben una norma internacional que incluya los principios Ruggie (proteger, respetar y remediar), por medio de la cual las empresas multinacionales se comprometan a respetar la Carta Internacional de Derechos Humanos como base de ley universal en todas sus relaciones con sus partes interesadas (stake-holders).

Sobre el trabajo no declarado

30. Reconocen que el trabajo no declarado tiene graves repercusiones tanto para los trabajadores, que se ven a menudo obligados a aceptar condiciones de trabajo precarias, salarios más bajos y una protección muy reducida o nula en materia de seguridad social y laboral, como sobre los presupuestos nacionales, minando la sostenibilidad financiera de los sistemas de seguridad social, así como sobre el empleo, la productividad y la competencia. Advierten también que la flexibilización de la legislación laboral puede conducir a resultados semejantes.

31. Resaltan que un enfoque integral, coherente y coordinado es imprescindible para una exitosa transición hacia una sostenible economía formal. Este debe combinar las medidas destinadas a aumentar la productividad de las empresas, medidas disuasorias, simplificación de la normativa y de los distintos procedimientos administrativos, así como incentivos fiscales, subsidios a la contratación, promoción de la inversión en las empresas y en la capacitación de los trabajadores, y contratos temporales y otros. Animan a ambas regiones a fomentar un mayor intercambio de conocimiento, experiencias y prácticas, tomando asimismo medidas para informar y sensibilizar a los ciudadanos sobre los beneficios resultantes del trabajo formal para los trabajadores y sociedades.

Sobre la volatilidad de los precios de los alimentos y reservas

32. Recomiendan, especialmente en el contexto de cambio climático, adoptar un enfoque respecto de la seguridad alimentaria y nutricional que apoye la agricultura sostenible y las iniciativas tendentes a mejorar la agricultura familiar y comunitaria. Animan a las organizaciones regionales de ALC a crear bancos de alimentos y programas piloto de reservas de alimentos para reducir la volatilidad y moderar los precios de los alimentos de manera que sean asequibles para todos los consumidores. Reconocen asimismo que demasiados alimentos son desechados tanto en la fase de producción como de consumo y que es preciso por lo mismo desarrollar políticas para desincentivar tales prácticas por parte de productores, vendedores y consumidores.

Sobre la financiación de los partidos políticos en la UE y América Latina

33. Consideran que los partidos políticos son una institución clave para la democracia representativa y que cumplen una función pública transcendental, al ser instrumentos de representación y participación política. Estiman que la regulación adecuada de su financiación (basada en estrictos criterios de limitación de la influencia del poder económico, transparencia, control y rendición de cuentas), junto con la democratización de su funcionamiento interno, constituye una tarea urgente y fundamental para las democracias de América Latina y de la Unión Europea, con el fin de reforzar el propio concepto de democracia, el Estado de Derecho, la buena gobernanza, y la confianza de los ciudadanos en sus representantes y en las instituciones.

Protección de los defensores de los derechos humanos

34. Lamentan el creciente número de ataques contra defensores de los derechos humanos y piden que se lleve a cabo una investigación exhaustiva de todos los casos de violencia contra ellos y se castigue a los responsables de estos execrables delitos. De acuerdo con sus organizaciones, deberían aplicarse a nivel nacional y regional mecanismos de protección preventiva para evitar el acoso, los ataques y los asesinatos de defensores de los derechos humanos, incluidos los casos de defensores del medio ambiente. Debe protegérseles de las represalias tras haber denunciado en los foros nacionales e internacionales las violaciones de los derechos humanos en sus países.

35. Subrayan la importancia de la participación activa de la sociedad civil y el compromiso de los defensores de los derechos humanos con la defensa y el desarrollo de la democracia y el Estado de Derecho. Cuando se lleven a cabo grandes proyectos de inversión, los defensores de los derechos humanos y las comunidades afectadas deben disponer de una información completa en una fase temprana, y debe invitárseles a participar en el proceso de toma de decisiones. Debe ponerse fin a la tendencia cada vez mayor de hacer un uso indebido del sistema judicial para criminalizar a los defensores de los derechos humanos, y los gobiernos y los parlamentos no debieran admitir ninguna ley que penalice la protesta civil pacífica.

En relación con el conflicto armado en Siria

36. Manifiestan su gran preocupación por el conflicto armado en Siria, que en sus cinco años de duración viene provocando un sufrimiento intolerable a la población de ese país, en forma de pérdida de vidas humanas, daños materiales y tragedias de toda índole, incluyendo los desplazamientos masivos de personas. Subrayan que el conflicto sirio ha desestabilizado la región entera, repercutiendo de manera muy negativa y compleja en todo el contexto internacional, y llaman a las partes en conflicto y a todos los actores presentes en la zona a extremar sus esfuerzos para encontrar lo antes posible una solución negociada que ponga fin a la guerra.

Sobre la crisis migratoria en Europa

37. Expresan su consternación por las pérdidas de vidas humanas que se producen cada año en el Mediterráneo y en otros lugares del mundo, como consecuencia de las condiciones inhumanas en las cuales se producen las migraciones irregulares. Por ello, reclaman a la UE y a sus Estados miembros la creación de mecanismos que favorezcan los movimientos migratorios ordenados, asegurando la acogida de los refugiados que proceden de la guerra, el respeto de los principios establecidos en las convenciones internacionales en materia de asilo y refugio en sus políticas migratorias, y la movilización de recursos financieros suficientes, así como políticas claras de solidaridad, de condena y de persecución de actos racistas y xenófobos.

Situación en Venezuela

38. Muestran su preocupación por la situación política que vive Venezuela y por la crisis social y económica en la que se encuentra su pueblo. Exigen al Gobierno y a la oposición el pleno cumplimiento de las normas constitucionales, y la utilización de todos los instrumentos democráticos de resolución de los conflictos políticos. A tal fin, apoyan el dialogo nacional abierto entre representantes del Gobierno, la Asamblea y los partidos políticos, que debe desarrollarse en el pleno respeto de la Constitución Nacional, las libertades civiles, los derechos humanos y las exigencias del Estado de Derecho. Respaldan los esfuerzos de mediación en curso que llevan a cabo UNASUR, la OEA, el Vaticano y la Alta Representante y Vicepresidenta de la Comisión, Federica Mogherini, junto con el grupo de expresidentes euro-latinoamericanos.

Situación en Brasil

39. Expresan su preocupación por la situación política de Brasil, cuyo proceso de destitución (impeachment) de la expresidenta Dilma Rousseff ha despertado dudas en la opinión pública internacional y se revela incapaz de unificar y conciliar el país. Condenan la represión injustificada de las manifestaciones pacíficas, el indebido uso político del necesario combate contra la corrupción, la persecución contra miembros del antiguo gobierno y el acoso jurídico al expresidente Lula. Esperan de todas las fuerzas políticas de Brasil madurez y tranquilidad para que ese país rencuentre el camino del desarrollo con justicia social.

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