Nota del PT: Persecución a Lula compromete sistema judicial brasileño

Una vez más los sectores partidarizados de la Fiscalía Pública y del sistema judicial brasileño se articularon para negar a Lula el derecho a recurrir en libertad contra la condena arbitraria de la que es víctima. No hay precedentes, en la tradición brasileña, de una persecución tan cruel a un líder político reconocido internacionalmente.

La liminar concedida el miércoles por el Ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Marco Aurelio Mello, restableció el principio constitucional de la presunción de inocencia, según el cual nadie puede ser arrestado antes de ser juzgado en todas las instancias, como es el caso de Lula y de miles de ciudadanos que cumplen la pena por adelantado.

Este problema estaba listo para ser iluminado por el pleno del Supremo a partir del inicio del año, pero la entonces presidente del STF, Ministra Carmen Lucía, arbitrariamente decidió impedir el juicio de las acciones declarativas de inconstitucionalidad (ADC) sobre el tema antes de las elecciones.

El motivo obvio, pero astutamente oculto, era evitar una decisión que garantizara los derechos constitucionales de Lula, el candidato que lideraba todas las encuestas para vencer en la primera ronda de las elecciones presidenciales. Fue un gesto mezquino que tuvo influencia directa en el proceso electoral, además de mantener la inseguridad jurídica sobre los procesos de miles de ciudadanos.

El 8 de julio el sistema judicial salió nuevamente de la normalidad, cuando el entonces juez, Sérgio Moro (que estaba de vacaciones), la directiva de la Policía Federal y el presidente de la segunda instancia de justicia (TRF – 4) trabajaron juntos para impedir al cumplimiento de un habeas corpus por Lula, concedido y perfectamente justificado por el juez Rogério Favreto. El episodio tuvo repercusión negativa para las instituciones brasileñas alrededor del mundo.

Finalmente, en la madrugada del primero de septiembre, la mayoría del Tribunal Superior Electoral juzgó anulado el registro de la candidatura de Lula, garantizada expresamente por el artículo 16-A de la ley electoral y violando flagrantemente una decisión del Comité de   Derechos humanos   la   Naciones Unidas que garantizaba los derechos políticos de Lula, incluso preso. Una vez más el sistema judicial partidista creó una humillación internacional.

En la tarde de ayer, ante la orden incuestionable del Ministro Marco Aurelio, la Fiscal General de la República, Rachel Dodge, se rebeló contra la justicia y solicitó la suspensión de la medida cautelar (que no tiene precedentes), e hizo referencia específica al ciudadano, Luiz Inácio Lula da Silva, y sólo a él, a pesar que la decisión del Ministro Marco Aurelio fue dirigida indiscriminadamente a todos cumpliendo prisión anticipada antes del tránsito en juzgado.

Raquel Dodge, nominada para el cargo por el usurpador Michel Temer, es la misma que  apoya la aprobación de las cuentas electorales de Jair Bolsonaro, a pesar de todas las evidencias de uso de fondos ilegales para financiar una industria de mentiras contra el PT en la internet, es la que está exigiendo, ilegalmente, la devolución de los fondos empleados en la campaña de Lula, contrariando una vez más la Ley Electoral en su artículo 22-A. Es la misma jefa de la Fiscalía que nada hace para interrogar al asesor de la familia Bolsonaro que movió más de R$ 1,0 millón irregularmente y no aparece para explicarse.

Mientras Dodge estaba planeando el derrocamiento de la medida cautelar que restauró la presunción de inocencia, la jueza de ejecuciones penales de Curitiba, Carolina Lebbos, se negó a obedecer la orden de liberación de Lula, en desacato flagrante de la Corte Suprema, y haciendo una petición sin razón para una audiencia a la Fiscalía.

Los medios informan que la revocación de la liminar del Ministro Marco Aurelio fue precedida de una reunión del Alto Comando del Ejército para evaluar las consecuencias de una eventual liberación de Lula. Se recuerda que el comandante del ejército, general Villas Boas realizó una manifestación inadecuada y jerárquicamente inadmisible cuando el Tribunal Supremo en la víspera de la prueba de un habeas corpus a favor de Lula hace algunos meses. Los dos episodios sugieren una tutela inconstitucional de las Fuerzas Armadas sobre la más alta corte de justicia de Brasil.

Para, de forma sin precedentes, revocar la orden del ministro Marco Aurelio, el presidente del Supremo Tribunal, Dias Toffoli, dio una verdadera revuelta judicial, con un claro sesgo partidista. La decisión tomada a la prisa y con precaria base institucional, demuestra claramente la alineación de la Presidencia del Supremo, desde Carmen Lúcia, con adopción de soluciones autoritarias que atienden al objetivo de callar la voz de Lula en el escenario político brasileño.

Aunque todavía existen jueces y fiscales que se rigen por la Constitución y el debido proceso del sistema judicial brasileño, este está hegemonizado por la práctica de la excepción, actuando como carceleros y verdugos del mayor político y líder del país.

Brasil no va a reencontrarse con la democracia y el estado de derecho, ni volverá a respetar el sistema judicial, mientras éste no vuelva a respetar la Constitución y garantizar el respeto al debido proceso legal para todos los ciudadanos, ya se llamen o no Luiz Inacio Lula da Silva.

Recuerda, por último, que todos los abusos que han sido o serán cometidos contra Lula serán denunciados a nivel internacional y se añaden al procedimiento actual en el Comité de Derechos Humanos de la ONU para investigar la arbitrariedad y la manipulación del sistema judicial brasileño contra el ex presidente Lula, el llamado lawfare.

Sólo existe una explicación para las arbitrariedades y persecuciones contra el ex presidente. El miedo que tienen de Lula, pues, incluso preso injustamente, es el mayor líder popular del país y la personalidad brasileña más respetada alrededor del mundo.

La lucha por la libertad de Lula, preso político de ese régimen de excepción que se configura en el país, es bandera central de la resistencia democrática y continuará en 2019 en el centro de la coyuntura brasileña. El Comité Nacional Lula Libre, compuesto por más de 80 entidades y personalidades brasileñas, y el Comité de Solidaridad Internacional en Defensa de Lula y la Democracia con sucursales en varios países del mundo, irán llevar a cabo actividades y movilizaciones mientras que Lula esté encarcelado injustamente, en defensa de la democracia y de los derechos del pueblo brasileño.

¡Lula es inocente! ¡Lula Libre!

Comisión Nacional Ejecutiva del PT

Curitiba, 20 de diciembre de 2018

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PT’s Statement: Pursuit of Lula compromises Brazilian judicial system

Once again the partisan sectors of the office of the General Attorney and the Brazilian judicial system articulated themselves to deny Lulas’ right to appeal against the arbitrary condemnation that victimizes him. There is no precedent in the Brazilian tradition of such cruel persecution of an internationally recognized political leader.

The injunction granted on Wednesday by the judge of the Supreme Court of Justice, Marco Aurélio Melo, restored the constitutional principle of the presumption of innocence according to which no one can be arrested before being tried in all instances as is the case of Lula and thousands of citizens who serve their sentences in advance.

This issue was ready to be enlightened by the Court at the beginning of the year but its President at the time, Carmen Lúcia, arbitrarily decided to prevent the judgment of a Constitutional Declaratory Action (ADC) on the subject before the elections.

The obvious but cunningly hidden motive was to avoid a decision that would guarantee the constitutional rights of Lula, the candidate who ran all the polls to win in the first round. It was a petty gesture that had a direct influence on the electoral process, as well as maintaining uncertainty about the legal processes of thousands of citizens.

On July 8, the judicial system left normality aside again when the judge, Sérgio Moro (who was on vacation), the direction of the Federal Police and the president of the second instance (TRF – 4) worked together to disobey the fulfillment of a habeas corpus for Lula granted and perfectly justified by the judge Rogério Favreto . The episode had negative repercussions for Brazilian institutions around the world.

Finally, on the morning of September 1^st, the majority of the Superior Electoral Court canceled the registration of Lulas candidacy albeit expressly guaranteed by article 16-A of the electoral law blatantly disregarding the decision of the UN Human Rights Committee which assured the political rights of Lula, even imprisoned. Again the partisan judicial system created another international shameful situation.

In the afternoon of yesterday, before the unquestionable order of the minister Marco Aurélio, the Attorney General, Raquel Dodge, rebelled against this judicial decision and requested the suspension of the injunction (which is unprecedented), and did so specifically in relation to the citizen Luiz Inácio Lula da Silva and only regarding him despite the decision of the judge Marco Aurélio was directed indistinctly to all prisoners in the same situation.

Raquel Dodge, appointed to the post by the putschist Michel Temer, is the same that recommended the approval of the electoral accounts of Jair Bolsonaro despite all the evidence of using illegal funds to finance an industry of lies against the PT on the Internet. She is also illegally demanding the return of funds used in Lula’s campaign, once again contradicting the Electoral Law, in its article 22-A and does nothing to interrogate the adviser of the Bolsonaro family that has handled more than R$ 1,0 million irregularly and never appears to explain himself.

While Dodge plotted the overturning of the injunction restoring the presumption of innocence, the Curitiba Criminal Court Judge Carolina Lebbos refused to comply with the order to release Lula in flagrant disobedience to the Supreme Court and made an unreasonable request for a hearing of the Attorney General.

The media reports that the revocation of Minister Marco Aurélios’ injunction was preceded by a meeting of the Armys’ High Command to evaluate the consequences of Lula’s eventual release. It should be recalled that the Chief Commander, General Villas Bôas, made an improper and hierarchically unacceptable demonstration some months ago to the Supreme Court on the eve of another Habeas Corpus trial in Lula’s favor. The two episodes suggest an unconstitutional tutelage of the Army over the highest court of justice in Brazil.

By unprecedentedly repealing the injunction of Minister Marco Aurélio, the Supreme Court President, Dias Toffoli, provoked a real judicial riot with a clear partisan bias. The decision hastily and with a precarious institutional base clearly demonstrates the alignment of the Presidency of the Court since Carmen Lúcia with authoritarian solutions that meet the objective of silencing Lula’s voice in the Brazilian political scene.

Although there are still judges and prosecutors who are respectful of the Constitution and the due process of the Brazilian judicial system, it is hegemonized by the practice of the exception while acting as jailers and executioners of the greatest political leader of the country.

Brazil will not return to democracy and the rule of law, nor will it ever again respect the judicial system, insofar it doesn’t respect the Constitution and ensure respect for the due process of law for all citizens whether or not they are called Luiz Inácio Lula da Silva.

Lastly, we recall that all abuses that have been or will be committed against Lula will be denounced internationally and added to the ongoing proceedings of the UN Human Rights Committee to investigate the arbitrariness and manipulation of the Brazilian judicial system against the former president Lula, the so-called   lawfare.

There is only one explanation for the arbitrariness and persecution against the former president. The fear they have of Lula, because, even unjustly imprisoned, he is the country’s greatest popular leader and the most respected Brazilian personality around the world.

The struggle for Lulas’ freedom, a political prisoner of this exceptional regime that was set up in the country, is the central flag of democratic resistance and will continue in 2019 at the center of the Brazilian conjuncture. The National Lula Livre Committee made up by more than 80 Brazilian entities and personalities as well as the International Solidarity Committee in Defense of Lula and Democracy in Brazil with its local committees in several countries of the world will carry out activities and mobilizations in defense of democracy and the rights of the Brazilian people while Lula is unfairly imprisoned.

Lula is innocent! Free Lula!

National Executive Committee of PT

Curitiba, December 20, 2018