Informe político presentado al FSP

INFORME POLITICO PRESENTADO AL FORO DE SÃO PAULO: EN DEFENSA DEL ESTADO DEMOCRÁTICO DE DERECHO EN BRASIL, DEL PRESIDENTE LULA Y DEL GOBIERNO DE LA PRESIDENTA DILMA – Marzo de 2016

La estrategia de la derecha brasileña en marcha desde 2014 tiene ahora claros objetivos: derribar a la Presidenta Dilma Rousseff, impedir que Lula se postule a presidente en 2018, poner al PT en la ilegalidad, atacar al conjunto de la izquierda, abrir la economía del país a las multinacionales del sector de la construcción y de la explotación del petróleo y someter al país al dominio del capital monopolista-financiero.

Ya en marzo de 2014 se deflagró una operación policial denominada “Lava Jato” para investigar la posible utilización de una red de gasolineras en Brasilia para lavado de dinero. La policía llegó hasta un cambista sospechoso cuyo domicilio era la ciudad de Curitiba, capital del estado de Paraná. Debido a la implicación de este individuo, un juez de la Justicia Federal de Paraná, Sergio Moro, avocó para sí la conducción de la investigación con el apoyo de fiscales de aquel estado e integrantes de la Policía Federal.

Las investigaciones y delaciones hechas por diferentes personas a lo largo del año de 2014 apuntaron a un esquema de corrupción que incluía coimas pagadas por grandes empresas contratistas de la construcción y proveedores de Petrobras a ex directores de esta empresa, funcionarios de carrera de Petrobras desde hacía más de 20 años. Durante la campaña electoral de 2014, las sospechas o delaciones de algunos fueron copiosamente usadas por la oposición contra el gobierno del PT, sus partidos aliados y la presidenta Dilma. A pesar de toda la campaña contra el PT y el gobierno, la presidenta Dilma fue reelecta.

Inconforme con la derrota, la oposición intentó impugnar la victoria y los medios aumentaron el tono de su campaña; los sectores judiciales partidarios de la derecha – Sergio Moro incluido –, además de sectores de la Fiscalía de la República y de la Policía Federal, empezaron a divulgar la hipótesis de que las coimas pagadas por las empresas contratistas y proveedoras de Petrobras a los ex directores habían financiado las campañas electorales del PT. Sin embargo, las empresas que aportaron al PT, conforme permite la legislación electoral brasileña, también aportaron valores equivalentes al principal candidato de la oposición, Aécio Neves, derrotado por Dilma. Por lo tanto, según esa hipótesis absurda, el dinero donado por las mismas empresas al PT sería de origen criminal y los recursos para la oposición serían de origen “limpio”. Véase Dossier en Defensa del PT en la página https://pt.org.br/confira-a-integra-do-documento-em-defesa-do-pt-da-verdade-e-da-democracia/

La táctica del juez, de los fiscales y de la Policía Federal ha sido la de arrestar a los sospechosos y mantenerlos detenidos hasta que acepten hacer delaciones a cambio de reducción de sus condenas. O sea, la prisión se ha convertido en “tortura al prisionero” hasta que hable. En lo que va del proceso, varios empresarios han hecho delaciones y mencionado supuestas participaciones de nuevos personajes que, aun sin la existencia de pruebas, son a su vez detenidos también, y así prosiguen las delaciones. Entre los detenidos que no han hecho ningún acuerdo de delación están el ex tesorero del PT, João Vaccari Neto, preso desde hace casi un año, habiéndosele negado Habeas Corpus hasta el presente momento para al menos responder y apelar a las acusaciones en libertad, y el ex ministro José Dirceu.

Una nueva arbitrariedad judicial se cometió el día 4 de marzo, cuando la policía federal detuvo y, en la práctica, secuestró al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva para forzarlo a declarar en las dependencias del Aeropuerto de Congonhas en São Paulo. La legislación es clara, solamente cabe conducción coercitiva a declarar cuando el citado se niega a concurrir, lo cual no era el caso, pues  Lula ya había declarado voluntariamente tres veces con anterioridad. Lo que querían, empero, era implicarlo y generar un espectáculo mediático más a partir de la vaga acusación de que él habría favorecido negocios de las contratistas luego que dejó el gobierno. Otro objetivo de la prensa oligopolizada con esa acción fue el de fortalecer políticamente las manifestaciones de la derecha que ocurrieron el día 13 de marzo.

La reacción de la militancia del PT, del PCdoB, de otros partidos de izquierda, de los movimientos sindical, sociales, sin-tierra, LGBT, movimientos de mujeres viene sido fuerte y se asiste hoy a una agudización de la tensión entre la izquierda y la derecha golpista en el país. Sectores de esta última son incluso financiados por empresas nacionales y transnacionales, al igual que por fundaciones conservadoras de los EEUU y Alemania.

La presidenta volvió a ser acosada por los intentos golpistas de la derecha por medio de la presentación de un pedido deimpeachment (juicio político) en el Parlamento y del pedido de suspensión del mandato ante el Tribunal Superior Electoral. Buscando fortalecer a su gobierno, la presidenta Dilma Rousseff nombró al ex presidente Lula como Ministro Jefe de la Casa Civil (Jefe de Gabinete), por su inmensa capacidad de articulación política y su profunda legitimidad junto al pueblo brasileño. Pero las arbitrarias y parciales investigaciones de parte del poder judicial intentan involucrar al ex presidente Lula en las acusaciones con el objetivo de impedirlo de asumir la función ministerial y suspenderle los derechos políticos. (vea el Memorial de la Defensa del Presidente Lula en https://pt.org.br/blog-secretarias/memorial-defesa-respostas-relativas-a-lula-ptesen/ )

El 18 de marzo último, manifestaciones del campo democrático popular, coordinadas por el Frente Brasil Popular, del cual participan el PT, el PCdoB, la CUT, el MST, un sinnúmero de movimientos sociales, en un total de más de 60 entidades, reunieron casi 2 millones de personas en todo Brasil en defensa de la Democracia, del presidente Lula y Contra el Golpe. (vea en https://pt.org.br/brasil-tem-dia-de-protestos-pela-democracia-acompanhe-aqui/  )

Estamos viviendo en Brasil una situación de excepción y de violación del Estado Democrático de Derecho, pues las arbitrariedades cometidas por sectores del Poder Judicial y sectores de la Policía Federal hasta aquí han sido las siguientes: filtración selectiva de las investigaciones que están bajo secreto de justicia cuando estas perjudican al PT, a la presidenta Dilma o al ex presidente Lula; realización de escuchas ilegales; negativa de Habeas Corpus para que los reos defiendan sus recursos en libertad como forma de presionarlos a delatar; conducción coercitiva de acusados pese a su colaboración con la justicia; decisión de la Suprema Corte de que los reos pueden empezar a cumplir sentencias después de juzgados por tan solo dos instancias, aunque la Constitución afirma que la prisión solo empieza después de agotados todos los grados de recursos, y por las declaraciones políticas de varios de los personajes contra el PT, Dilma y Lula, revelando total parcialidad en las investigaciones.

Esto ocurre porque en la Constitución de 1988, para sustituir el escombro autoritario de la dictadura militar, no se estableció cualquier modificación en el aparato del pode Poder Judicial, un poder que sigue sin los pesos y contrapesos existentes en los dos otros poderes. La Fiscalía de la República fue creada en aquella ocasión para defender al ciudadano contra eventuales arbitrios del Estado, pero terminó convirtiéndose hoy en un actor contra el Estado, o, mejor dicho, contra la democracia y la izquierda cuando ella se encuentra al frente del gobierno.

En cuanto a los aspectos económicos, hay proyectos tramitándose para liberalizar la explotación del petróleo del presal y sacar del paso a las contratistas nacionales, acusadas en la “Lava Jato” de la realización de obras públicas, lo cual ha contribuido sobremanera para la quiebra de empresas menores, suspensión de las actividades, resultando en el aumento del desempleo. Ya se empieza a hablar de ofrecer contratos a contratistas extranjeras, así como de adquisición de equipos importados por parte de Petrobras.

Por lo tanto, lo que ocurre en Brasil no es una mera investigación de corrupción, que tendría todo nuestro apoyo, sino que evidentemente se trata de una conspiración política interna grave con conexiones internacionales para devolver el gobierno y demás instituciones a los neoliberales.

Ante dicho cuadro, es imperioso resistir y luchar contra el golpe, uniendo y movilizando amplias fuerzas democráticas y progresistas, los movimientos sindicales, juveniles, femeninos y populares. Igualmente, defender el mandato de la presidenta Dilma Rousseff, conquistado democrática y legítimamente en las urnas, impulsándolo a seguir profundizando políticas que lleven al fortalecimiento de las conquistas democráticas y sociales alcanzadas desde el primer gobierno de Lula y a la realización de reformas estructurales democráticas.

SRI – Partido de los Trabajadores – PT