Nota del Partido de los Trabajadores: Crueldad contra Lula
Traducción para el español de la nota de la Comissión Ejecutiva Nacional
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Lula
La decisión del Supremo Tribunal Federal, reconociendo el derecho legal de Lula, llegó demasiado tarde para que pudiera acompañar el sepelio de su hermano mayor. La decisión también imponía restricciones al encuentro de Lula que inviabilizaban su posibilidad de ver al hermano por última vez y estar con sus entes queridos en ese momento. Una de las restricciones era la de que el encuentro ocurriera en una unidad militar. Cuando la decisión fue divulgada, Vavá ya estaba siendo sepultado. Las condiciones del cuerpo no permitían aguardar los rituales de la burocracia.
La persecución al ex presidente Lula no tiene fin y, en este episodio, se rebajó al nivel de la crueldad y de la venganza. La Policía Federal de Sérgio Moro negó la autorización para que Lula acompañara el velatorio de su hermano Genival (Vavá) Inácio da Silva, que falleció de cáncer el martes (29) y fue sepultado hoy a las 13h.
El artículo 120, párrafo 1º, de la Ley de Ejecución Penal garantiza a todo ciudadano poder participar de los funerales de familiares: hermanos, padres e hijos. Ese derecho legal y humanitario, que se extiende a todos los ciudadanos, le fue negado a Lula por los mismos perseguidores y verdugos que lo condenaron y arrestaron ilegalmente, para impedir que se eligiera presidente de la República.
La autorización para que Lula participara del velatorio del hermano era un acto meramente administrativo, conforme a la ley. El responsable de la garantía de ese derecho era el comisario Luciano Flores, actual superintendente de la Policía Federal en Paraná, donde Lula está cumpliendo su injusta e ilegal pena de prisión.
Al recibir la petición de la defensa de Lula para acudir al velatorio del hermano, el comisario Flores alegó verbalmente que no tenía condiciones logísticas y materiales para transportar al ex presidente hasta São Bernardo. El día 4 de marzo de 2016, sin embargo, el mismo comisario Flores se desplazó en avión de la Policía Federal hasta São Bernardo, con un gran equipo de la operación Lava Jato, para someter a Lula a una ilegal conducción coercitiva a declarar en el aeropuerto de Congonhas.
El actual ministro de Justicia, Sergio Moro, que determinó la conducción coercitiva en 2016, no hizo nada para que su subordinado cumpliera la ley. Ambos son cómplices, junto con los fiscales de la Lava Jato, de la farsa judicial que llevó a Lula a la prisión, sin haber cometido un solo crimen, sin acusaciones plausibles y sin pruebas.
Frente a esta agresión más a la ley y a los derechos de Lula, la defensa apeló sucesivamente a la jueza responsable por la ejecución penal y al juez de turno en el RTF-4. Ambos, con gran morosidad, reafirmaron su notoria parcialidad contra el ex presidente Lula, sometiéndolo a un régimen de excepción por motivos claramente políticos.
Lula ya fue perseguido, falsamente acusado, condenado sin pruebas, tuvo negado el derecho de disputar las elecciones, de dar entrevistas, de recibir visitas religiosas y hasta de nombrar a sus propios abogados.
Negarle, por acción, postergación u omisión, el derecho de compartir, con la familia y los amigos, las despedidas al hermano mayor es un gesto mezquino, además de ilegal, que refuerza su condición de preso político, víctima de odiosa trampa política.
Ni la dictadura fue tan cruel y mezquina respecto a Lula, que salió de la prisión por un día, en abril de 1980, para participar del sepelio de su madre, doña Lindu. En esa época, Lula y otros dirigentes del Sindicato de los Metalúrgicos fueron presos por 31 días con base en la Ley de Seguridad Nacional.
No hay justificación “logística” ni “administrativa” para que le nieguen ese derecho a Lula, principalmente si se tiene cuenta que el Partido de los Trabajadores se aprestó oficialmente a cubrir todos los gastos de transporte para el desplazamiento del ex presidente.
El pueblo brasileño, la comunidad jurídica nacional e internacional, las fuerzas democráticas exigen para Lula un juicio justo, lo cual significa el inicio del restablecimiento de las garantías del Estado de derecho en Brasil.
Toda la solidaridad a la familia del compañero Vavá, en este momento de dolor. Toda la solidaridad al presidente Lula en esta nueva violación a sus derechos constitucionales y nueva ofensa a sus derechos humanos.