Comunicado de ICV sobre Brasil y el impeachment de Dilma

Aprobado en la Comisión Ejecutiva del 2 de mayo de 2016

El pasado domingo 17 de abril 367 diputados y diputadas aprobaron el impeachment a la Presidenta Dilma Rousseff en Brasil.

En los próximos días es muy probable que el Senado avale esta decisión y se dará inicio a un juicio político que puede asegurar la destitución de Rousseff y seguramente agravará la crisis política y económica que vive en la actualidad la séptima economía del mundo.

Desde la última victoria presidencial del PT, los sectores oligopólicos, la burguesía industrial, los grandes medios de comunicación y los partidos políticos de derecha y centroderecha han fomentado el desgaste político, económico y social del gobierno brasileño que ha culminado, forzando la legalidad, en la apertura del proceso de impeachment a Rousseff.

El Partido de los Trabajadores en 2002 fue la segunda experiencia política que accedió al gobierno de un país latinoamericano en el proceso post neoliberal que experimentó casi toda la región en el última década.

Los gobiernos del PT han signifcado la extensión de medidas sociales y económicas que han avanzado en la reducción de la pobreza, extendida y consolidada en Brasil durante décadas, incorporando a millones de brasileños y brasileñas a programas de benefcios sociales -los Planes Fame Zero y bolsa Familia son dos de los más destacados-, para avanzar luego en el acceso a benefcios históricamente reservados a las clases dominantes.

La llegada de hombres y mujeres de origen afroamericano a las universidades, la creación de nuevos puestos de trabajo en los sectores industriales y agroexportadores y el avance en la redistribución de la renta han sido algunas de las medidas más importantes de los gobiernos de Lula y Dilma.

Hay que resaltar que ni en el texto que impulsa el juicio político a Dilma, ni en ninguna de las intervenciones de las diputadas y los diputados que votaron a favor hay una sola mención a las causas de corrupción, ni al vínculo entre las aportaciones privadas a la campaña electoral y los benefcios posteriores de estas empresas, ni a Lava Jato ni al Petrolão, donde sí están involucrados parte de los impulsores de este golpe “soft”.

No hay ninguna acusación de acto de corrupción sobre la Presidenta Dilma Rousseff y conviene recordar que hay abiertas investigaciones por corrupción sobre el 50% de los diputados y las diputadas que votaron a favor del juicio político.

En particular sobre el Presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, acusado de tener cuentas ilegales en Suiza vinculadas a sobornos, y sobre el Vicepresidente de la República, Michel Temer, acusado de formar parte de la red investigada por la operación Lava Jato.

Es por estos motivos que Iniciativa per Catalunya Verds manifesta su total rechazo ante el proceso de golpe que se está gestando contra el mandato del pueblo brasileño expresado en la elección de la Presidenta Dilma Rousseff, elegida por 54 millones de brasileños y brasileñas en las urnas.

Y llamamos a todos los actores sociales y políticos a expresar su oposición a esta violentación de la institucionalidad democrática. Ante esta ofensiva de los sectores conservadores más reaccionarios del continente latinoamericano para impulsar golpes de estados de nuevo tipo, que ya hemos visto materializarse contra el Presidente Manuel Zelaya en Honduras y contra el Presidente Fernando Lugo en Paraguay, manifestamos nuestra solidaridad con la Presidenta Dilma Rousseff.

En sintonía con la declaración de la Secretaría General de UNASUR, manifestamos que “la elección democrática y mayoritaria de Dilma Rousseff como Presidenta constitucional, no puede ser derogada en un juicio político por una mayoría parlamentaria a menos que haya una prueba que la vincule de manera directa y dolosa con la comisión de un delito común, lo que hasta el momento no ha sucedido”.

El documento puede ser acesado acá en PDF.