A menos de dos meses para las elecciones en Brasil, el candidato presidencial Lula da Silva continúa injustamente privado de libertad. Los procedimientos llevados a cabo para su encarcelación –incluyendo la negativa al recurso de habeas corpus, las escuchas telefónicas ilegales, la aceleración de los plazos en perjuicio de su defensa, o la sistemática prohibición de su participación en los debates y entrevistas con los candidatos presidenciales– no sólo vulneran el respeto al debido proceso y los derechos políticos del aspirante a la presidencia, sino los propios fundamentos de la democracia brasileña. Cada vez es más evidente que el objetivo de este procedimiento judicial no es la legítima e imprescindible lucha de los poderes públicos contra la corrupción, sino impedir la candidatura a la presidencia de Lula, a quien todas las encuestas sitúan claramente como vencedor.
Así lo ha reconocido el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que en una decisión histórica reclamó el pasado viernes 17 de octubre que Lula pueda participar en la campaña electoral previa a los comicios de octubre. A la decisión del Comité de Derechos Humanos, cuya jurisdicción fue voluntariamente aceptada por Brasil en 2009, se ha sumado el comunicado de seis ex mandatarios europeos, entre los que se encuentran José Luis Rodríguez Zapatero y François Hollande, solicitando que “el presidente Lula pueda presentarse libremente ante el sufragio del pueblo brasileño”. Por su parte, cerca de una treintena de congresistas estadounidenses y el senador Bernie Sanders enviaron una carta al Embajador de Brasil en Washington exigiendo la liberación de Lula mientras se llevara a cabo su proceso de apelación. Juristas y abogados del mundo entero –entre ellos Baltasar Garzón o Joan Garcés– denunciaron irregularidades en el proceso contra Lula en una carta dirigida a la Presidenta del Tribunal Supremo y a los miembros del Tribunal Electoral de Brasil. Incluso el Papa Francisco hizo llegar una bendición por escrito al expresidente.
Desde Podemos reiteramos nuestra preocupación por la gravísima situación que atraviesa la democracia brasileña, y nuestra más firme condena ante los intentos de hurtar al pueblo brasileño la capacidad soberana de decidir su propio futuro. Por ello exhortamos al Gobierno de España a que se sume al clamor internacional en defensa de la democracia brasileña, se haga eco de la decisión de la ONU, y solicite que Lula pueda ejercer su derecho a ser candidato en las próximas elecciones presidenciales de Brasil, manifestando así su compromiso con la democracia y la defensa de los derechos fundamentales en nuestro país hermano.
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